La investigadora de Amnistía Internacional sobre el tema Venezuela, Valentina Ballesta, destaca la preocupación por la seguridad de las víctimas y los defensores de los derechos humanos debido a la demora de la Fiscalía en anunciar el resultado de su examen preliminar y los impactos negativos adicionales en caso de que se tome una decisión de congelar una posible investigación

La exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó en diciembre de 2020 que había encontrado motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y  que determinaría la apertura de una investigación antes del final de su mandato en junio de 2021.

El 15 de junio de 2021, en una ‘declaración de fin de período’, la Fiscal saliente declaró que había llegado a una determinación final sobre el examen preliminar y se había estado preparando para anunciar las conclusiones de la Fiscalía, pero con la debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares (que había sido ocupada por una solicitud confidencial de Venezuela) había decidido “esperar la determinación de la Sala” antes de hacer cualquier otro anuncio.

Posteriormente, un archivo de la Fiscalía hecho público el 10 de agosto de 2021 reconoció que la solicitud del gobierno venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares fue rechazada in limine y que la determinación de que delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela “será entregada al Fiscal entrante para su consideración y toma de decisión final”. Con respecto a la complementariedad, la presentación de la Fiscalía informa que esta también concluyó “que los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos delitos serían admisibles de conformidad con el artículo 17(1)(a)-(d) del Estatuto”.

Meses después de la presentación y la declaración de Bensouda, la Fiscalía aún no ha anunciado el resultado del examen preliminar de Venezuela y su determinación de abrir una investigación. El hecho de no hacerlo ha provocado una considerable incertidumbre, dejando a las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y defensores de derechos humanos, que han apoyado el examen preliminar de la Fiscalía, expuestos a la represión y persecución.

Un largo camino por la justicia

La última década en Venezuela ha estado marcada por graves violaciones de derechos humanos. Una emergencia humanitaria ha dejado a millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y con escaso acceso a servicios de salud y medicamentos, lo que ha obligado a más de 5,6 millones de personas a huir del país. El estado ha reprimido con frecuencia a los disidentes que permanecen en el país, como una forma de silenciar cualquier forma de crítica.

Las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales han aplicado esta política de represión, utilizando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra supuestos opositores al gobierno.

Las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han informado ampliamente sobre estas violaciones de derechos humanos, mientras que los mecanismos internacionales de monitoreo, como la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, han encontrado que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional han ido de la mano de una impunidad desenfrenada. En los pocos casos que están bajo investigación no se ha tenido en cuenta la responsabilidad de la cadena de mando ni el carácter sistemático y generalizado de los crímenes.

Además, varias organizaciones y organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han manifestado que el sistema de justicia en Venezuela no puede considerarse imparcial y que el poder ejecutivo suele intervenir en la administración de justicia. Recientemente, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela publicó un informe en el que afirmaba que tenía “motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos.” El informe concluyó que “[e]n general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos.”

Ni siquiera el temor a procesos penales internacionales ante la CPI ha traído reformas suficientes o creíbles al sistema judicial para que este sea considerado un recurso válido y legítimo contra la impunidad en el país.

Esto es razón para buscar otros mecanismos de rendición de cuentas que no estén sujetos a la injerencia del gobierno venezolano y que no solo ofrezcan esperanzas de verdad, justicia y reparación, sino que finalmente puedan ofrecer garantías de no repetición. La justicia internacional puede ser la última esperanza para las víctimas y supervivientes de las violaciones de derechos humanos más atroces.

Un camino hacia la justicia abierto por el movimiento de derechos humanos

Sin una forma de justicia disponible a nivel doméstico, las ONG locales, los defensores de los derechos humanos, las víctimas y los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos comenzaron a buscar otras opciones para investigar a los responsables y traer nuevas esperanzas al país.

Naturalmente, el movimiento de derechos humanos de Venezuela se dirigió al sistema de protección regional: la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ya había establecido una estrategia para eludir esos mecanismos, dejando a víctimas y sobrevivientes con menos posibilidades de encontrar justicia. Por ejemplo, las autoridades venezolanas han denunciado la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en un intento por excluir a Venezuela del escrutinio de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI decidió abrir un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde al menos 2017. En septiembre de ese mismo año, una remisión de varios Estados Partes del Estatuto de Roma sobre crímenes internacionales afirmó la necesidad de un Examen preliminar en la CPI y cambió su naturaleza y los procedimientos subsiguientes. Sin embargo, la Fiscalía aún necesitaba evaluar los hechos y casos, y procesar la mayor cantidad de información posible para determinar la jurisdicción en la materia, la evaluación de la complementariedad y el interés de la justicia para abrir una investigación.

Además, el aporte y la participación de las partes interesadas locales es esencial para los esfuerzos de la Fiscalía en lograr la rendición de cuentas sobre los delitos en Venezuela. De hecho, las organizaciones locales lideradas por víctimas, sobrevivientes y defensores de derechos humanos han señalado a la CPI como la única forma de disuadir las violaciones de derechos humanos, y aunque esa expectativa es alta, sería un esfuerzo inutil si la comunidad internacional no considerara la CPI un elemento disuasorio de las atrocidades.

Si bien aún se está trazando el camino hacia la justicia, una de las pocas esperanzas de lograrlo es a través de una investigación formal por parte de la CPI a funcionarios de alto rango por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Limbo tras limbo

Hace solo unos meses, el impulso que la ex fiscal Bensouda dió a la lucha contra la impunidad con el anuncio de que su oficina había llegado a una determinación, había impactado positivamente a Venezuela.

Los esfuerzos en presentar mejoras a través de supuestas reformas que cambiarían la situación de los derechos humanos en el terreno, y el traslado de personas detenidas arbitrariamente a cárceles “comunes” en lugar de ser recluidos en centros de detención ilegales gobernados por los servicios de inteligencia, fueron algunas de las medidas, aunque ineficaces, que anunció el gobierno. A pesar de las reformas que podrían existir solo en el papel, estaba claro que el gobierno estaba tratando desesperadamente de retratar una imagen conciliadora que abordara el principio de complementariedad, con la esperanza de que impidiera que la Fiscalía abriera una investigación.

Estas reformas, semanas antes de que terminara el mandato de la Sra. Bensouda, mostraron el temor real de las autoridades venezolanas a lo que pudiera traer la justicia internacional independiente.

Unos días antes de la fecha límite que la exfiscal se había trazado para anunciar la decisión de su Oficina, las autoridades venezolanas presentaron una solicitud de control judicial sobre el examen preliminar, alegando que la actuación de la Fiscalía era incompatible (…) con el debido proceso legal internacionalmente reconocido en favor de Venezuela”.

Como se detalla anteriormente, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó esta solicitud in limine el 14 de junio de 2021. Sin embargo, el litigio aparentemente impidió que Bensouda hiciera una declaración sobre la apertura o no de una investigación sobre Venezuela, y la Fiscalía decidió posponer el anuncio que estaba preparando hasta que el fallo fuera público. En el momento de redactar este informe, la Fiscalía aún no había publicado su decisión a pesar de haber declarado públicamente que “los posibles casos que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción”.

Estos hechos han dejado el examen preliminar sobre Venezuela en un estado de incertidumbre. Como afirmó la ex Fiscal, la Fiscalía ha tomado una decisión y es solo cuestión de tiempo que el nuevo Fiscal la anuncie. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas y parece que las autoridades venezolanas han logrado retrasar la apertura de una investigación, dejando el examen preliminar en el limbo.

Como los colegas han discutido en entradas anteriores, tales demoras afectan directamente el sentido de justicia, esperanza y disuasión que la CPI podría aportar a situaciones en las que la justicia internacional es la llamada “luz al final del túnel”. La reciente propuesta de la Revisión de Expertos Independientes de la CPI de que la Fiscalía debería despriorizar e hibernar las investigaciones para abordar sus restricciones financieras podría alejar aún más la justicia internacional.

En el caso venezolano, la realidad es que las autoridades parecen haber logrado llevar el examen preliminar a una hibernación a medida, incluso antes de que la Fiscalía haya decidido públicamente si abrir o despriorizar la investigación. Esta conclusión también podría extraerse del presupuesto propuesto por la CPI para 2022 (publicado el 16 de agosto de 2021), que asume que el examen preliminar de Venezuela continuará junto con otros exámenes preliminares “concluidos” de manera similar en Nigeria y Ucrania.

Consecuencias tangibles de los retrasos

Si bien se puede estar de acuerdo o no con la decisión de la ex fiscal Bensouda de posponer el anuncio del examen preliminar sobre Venezuela, lo cierto es que este limbo trae a la mesa nuevas condiciones concretas y preocupantes.

Como ya hemos comentado, las víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos y los defensores de los derechos humanos han sido los que han impulsado recursos de justicia internacional que den a la situación en el país la debida atención que requiere. Sin embargo, la pausa actual en el examen preliminar, al igual que con cualquier otro retraso, ha suscitado enormes preocupaciones sobre la seguridad de quienes han pedido abiertamente una investigación de la CPI.

Recientemente, las autoridades han iniciado una nueva ola de represión en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque comenzó a principios de año, esta ola se ha intensificado en los últimos meses. Por ejemplo, el gobierno aprobó una resolución administrativa imponiendo nuevos controles gubernamentales, dando a su organismo “antiterrorista” el mandato de supervisar a las ONG. Este pico represivo también se tradujo en la detención arbitraria de miembros de una ONG local llamada Fundaredes, quienes ahora están siendo juzgados por tribunales “antiterroristas”. Amnistía Internacional y otras ONG locales han expresado su preocupación por el riesgo de que quienes han sido detenidos arbitrariamente sean víctimas de tortura y tratos inhumanos, ya que han sido sometidos a períodos de detención en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas.

Cuando se trata de la CPI, este limbo deja a los defensores de los derechos humanos vulnerables al poder de un Estado que está haciendo todo lo posible para detener los procesos penales contra quienes están en el poder. Es casi irónico pensar que la hibernación de la investigación por parte de la Fiscalía pueda traer precisamente el efecto opuesto a la disuasión que se pretendía cuando se creó la CPI. En lugar de proteger a las víctimas y sobrevivientes, esto le daría a los perpetradores el tiempo y el espacio para intentar consolidar la impunidad y erosionar cualquier esfuerzo por alcanzar la justicia.

En el caso venezolano, la Fiscalía debería, a la mayor brevedad, emitir la decisión que la ex Fiscal Bensouda y su Oficina habían tomado en relación con el examen preliminar. Si se decidió que hay una base razonable para abrir una investigación, debe abrirse sin demora ni hibernación. Cada día que pasa sin una decisión, las víctimas, los supervivientes y los defensores de los derechos humanos corren un mayor riesgo de sufrir represalias. Quienes creen en la CPI como último recurso de justicia han ido abriendo el camino hacia ella, pero antes incluso de tener que enfrentar dolorosas discusiones sobre recursos y priorización, las autoridades venezolanas han logrado desviarlos hacia un destino peligroso y desconocido.

Traducido por José Rafael Medina