During the state of alarm decreed by the National Executive because of the pandemic COVID19, the Commission for Human Rights of the Zulia State (Codhez) urges the Venezuelan State to urgently give priority attention to people in a vulnerable situation, especially patients living with chronic diseases who need constant access to their treatment.

In the early hours of Wednesday, March 25, Codhez warned that health personnel and a group of people with kidney failure and oncological diseases gathered at the headquarters of the communication platform of the San Francisco Municipality Police to wait for the arrival of military authorities to escort them to the El Pinar service station and facilitate the dispatch of fuel for their vehicles to allows their mobilization.

After a twelve hours wait, citizens informed Codhez that they were at the El Pinar fuel station, located in the south of Maracaibo, waiting for a solution to their problem. In the morning hours, the group consisted of over a hundred people, but in the afternoon it had been reduced to 45. Within the group, there were 20 people with oncological diseases and 15 with kidney failure from the Centro El Sol and San Juan Bautista dialysis units.

Officers from the Bolivarian National Guard and the Bolivarian National Police notified them at 5 P.M. that there was no fuel left for them.

 “We have been here since dawn and nobody wants to solve the problem, officers say there is no gasoline. Not only medical personnel are affected but patients are also suffering, ”said one of the nurses. They also indicated that the bus routes offered by the Maracaibo City Hall do not guarantee their mobilization.

The following day, the group made up of the relatives of patients with chronic diseases and health personnel headed again to the El Pinar station in the early hours of the morning, only to be evicted by the police and Bolivarian National Guard officers. The affected denounced that “Gasoline is only for the police.” Officers also referred the group of doctors and relatives of the patients to the ZODI headquarters in the northern area of ​​Maracaibo, but in the afternoon, when they requested the attention of the military authorities in La Barraca, they were ignored.

It is an obligation of the authorities in Zulia and of the Venezuelan State to guarantee the conditions so that patients with chronic diseases can access their treatment and medications during the quarantine. This includes an efficient protocol and priority scheme that guarantees the mobilization of patients and/or their families to get their treatment. In the case of people with kidney failure, they are required to go 2 to 3 times a week to dialysis centers.

Human rights and the protection of vulnerable populations must be at the center of the collective response during the quarantine of the COVID19 pandemic, as warned by the United Nations High Commissioner for Human Rights. The right to health is inherent to the right to life and is not suspended or limited by the state of alarm or by restrictions related to the fuel supply. On the contrary, in current circumstances, their guarantee and protection is a priority.

Codhez’s exhortation also extends to the situation of medical and nursing personnel who work in hospitals and health centers and who continue to treat people with other health conditions (diabetes, hypertension, among others).

CODHEZ exhorta garantizar el traslado de pacientes con enfermedades crónicas durante la cuarentena

Durante el estado de alarma decretado por el Ejecutivo Nacional a causa de la pandemia COVID19, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) exhorta al Estado venezolano la atención prioritaria de las personas en situación de vulnerabilidad de forma urgente e impostergable, especialmente a la población de personas que viven con enfermedades crónicas que necesita acceso constante a su tratamiento.

En horas de la mañana del pasado miércoles, 25 de marzo, Codhez advirtió que un grupo de personas con insuficiencia renal y enfermedades oncológicas, y personal de salud, se encontraba desde la 5:00 de la mañana en la sede de la plataforma comunicacional de la Policía del Municipio San Francisco esperando por la llegada de autoridades militares para ser escoltados hasta la estación de servicio El Pinar donde facilitarían el despacho de combustible de sus vehículos para su movilización.

Tras doce horas de espera, a las 5:00 de la tarde los ciudadanos informaron a Codhez que se encontraban en la estación de combustible El Pinar, ubicada en el sur de Maracaibo, esperando por una solución a su problema. En horas de la mañana el grupo de espera era de más de cien personas y en horas de la tarde se había reducido a 45 personas. Dentro del grupo, se encontraban 20 personas con enfermedad oncológica y 15 con insuficiencia renal de las unidades de diálisis Centro El Sol y San Juan Bautista.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana les notificaron a esa hora de la tarde que no los atenderían porque no había gasolina para ellos.

 “Estamos aquí desde la madrugada y nadie nos quiere resolver el problema, dicen que no hay gasolina. No solo el personal médico es el afectado, aquí también están los pacientes sufriendo”, manifestó una de las enfermeras. Indicaron, además, que los buses dispuestos por la Alcaldía de Maracaibo no garantizan su movilización.

Al día siguiente, el grupo conformado por los familiares de los pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud se dirigió de nuevo en horas de la madrugada hasta la estación El Pinar, siendo desalojado por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí le señalaron que “La gasolina es solo para la policía”. Los funcionarios también remitieron al grupo de médicos y familiares de los pacientes a la sede de la ZODI en la zona norte de Maracaibo, pero en horas de la tarde, cuando fueron a solicitar la atención de las autoridades militares en La Barraca, fueron ignorados.

Es una obligación de las autoridades en el Zulia y del Estado venezolano garantizar las condiciones para que los pacientes con enfermedades crónicas accedan a su tratamiento y medicamentos durante la cuarentena. Esto incluye garantizar la capacidad de movilización de los pacientes y/o sus familiares para el cumplimiento de su tratamiento a través de un protocolo eficiente y de atención prioritaria. En el caso de las personas con insuficiencia renal, ellos requieren trasladarse de 2 a 3 veces por semana a centros de diálisis.

Los derechos humanos y la protección a la población vulnerable deben estar en el centro de la respuesta colectiva durante la cuarentena por la pandemia de la COVID19 según ha alertado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  El derecho a la salud es inherente al derecho a la vida y no se suspende, ni se limita por el estado de alarma o por restricciones relacionadas al surtido de combustible. Al contrario, en las circunstancias actuales es una prioridad su garantía y protección.

El exhorto de Codhez es extensible también a la situación del personal médico y de enfermería que labora en hospitales y centros asistenciales y que continúan tratando a personas con otras condiciones de salud (diabetes, hipertensión, entre otros).